SE AMPARAN FUNCIONARIOS DE REYNOSA CONTRA PROCURADURÍA ESTATAL

SE AMPARAN FUNCIONARIOS DE REYNOSA CONTRA PROCURADURÍA ESTATAL
SE AMPARAN FUNCIONARIOS DE REYNOSA CONTRA PROCURADURÍA ESTATAL
Por Francisco Javier Rojas.
Imagenes: Redes Sociales.
Reynosa.gob.
Reynosa, Tamps.- Funcionarios de la Secretaría del Ayuntamiento local, incluyendo al ex-secretario y ahora abogado de la misma area, Benjamín Guerrero Anzaldúa, obtuvieron suspensión provisional de un juez federal contra orden de presentación y detención de la Procuraduría de Justicia Estatal y juzgados estatales.

El hecho se deriva de una investigación que realiza la PGJE por los delitos de falsificación de firmas en documentos oficiales del municipio fronterizo, con el que se intentó avalar la residencia de personas foráneas para poder ocupar cargos públicos.

Guerrero Anzaldúa, quien fungió como secretario del Ayuntamiento por al menos 7 meses en la actual administración municipal, acudió a la justicia federal para demandar un juicio de amparo ante el temor de ser detenido por autoridades judiciales estatales.

El expediente de Amparo del ex-Secretario es el 969-2017, mismo que se ventila en el Juzgado Séptimo de Distrito. El beneficio lo recibió el pasado viernes, 6 de Octubre.

A la vez otra abogada de la Dependencia, Claudia Lara Pérez, también recibió la suspensión provisional bajo la misma causa el mismo día que al otro solicitante del asunto.

El expediente de juicio de amparo de la Funcionaria es el968-2017, radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito.

Claudia Lara ha sido citada a declarar formalmente ante el ministerio público dwl fuero común.

La investigación de la Procuraduría Estatal se refiere al caso de una posible falsificación de una firma del secretario de la anterior administración muncipal, Agustín Merle Zavala, en que la autoridad judicial consideró que eran falsas.

Por ese motivo, el pasado 27 de junio, fue presentado por policías ministeriales ante una agencia del ministerio público del fuero común el actual secretario técnico del Ayuntamiento, Hugo Ramírez Tréviño, quien declaró sobre el caso y fue liberado dos horas después.

Fuentes de La PGJE consideraron que ya se habían girado dos citatorios previos al Funcionario y que este no acudió a las citas.

En el caso de Guerrero Balzaldúa, la autoridad investiga su probable responsabilidad de los hechos ya que la posible falsificación de firmas ocurrió cuando el fungió como titular de la Secretaría del Ayuntamiento, a principios del mandato de la alcalde, Maki Ortíz de Peña.

El Abogado de profesión se dolió ante la autoridad federal de intimidación, según consta en la demanda de amparo presentada, al decir que tiempo atrás acudieron a su domicilio particular agentes de la Policía Ministerial Estatal para decirle que se realizaba una investigación en la que él podría ser señalado o citado.

Ante este hecho solicitó la protección contra un “Juez de Control de la Quinta Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Quinto Distrito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado” y también contra el “Coordinador regional del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Procuraduría General de Justicia en el Estado”.

Además pidió defensa contra actos de “agentes del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio adcritos a la Unidad de Investigación 01” y el “Inspector de la Policía Investigadora de la PGJE en Reynosa” además de “elementos de la Policia Investigadoraadcritos a las unidades de investigación números 1, 2, 3, 4 y 5”, dependientes de la PGJE, y del “delegado de la Policía Estatal Acreditable en Reynosa”.

En el documento se demanda la “abstención total de ser citados para cualquier diligencia ministerial o judicial en contraversión por la forma en que se señala por la legislación”. Y “para que se permita el ejercicio del derecho a la defensa a mi favor en los terminos que se previene por la actual legislación”.

El pasado jueves, 5 de octubre, representantes de la Procuraduría Estatal se presentaron en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicadas en el edificio de la Presidencia Municipal, de dónde se llevaron documentos y dejaron también citatorios a abogados de la dependencia. Se supone que la acción ministerial tiene que ver con la investigación de firmas falsas.

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